En España, el derecho de los niños a ser escuchados en procesos judiciales está reconocido por ley. Sin embargo, la realidad dista mucho de la teoría. A pesar de los avances normativos, numerosos menores ven vulnerado su derecho a ser oídos de manera adecuada. En este artículo, analizaremos las principales deficiencias del sistema actual y las propuestas de expertos para garantizar una escucha activa y respetuosa de los niños en los procesos de familia.
La brecha entre la teoría y la práctica: el derecho a ser oído de los menores en España.
La Convención sobre los Derechos del Niño, a pesar de ser un tratado internacional con más de 30 años de antigüedad, sigue siendo incumplida en lo que respecta a la participación de los menores en procesos de divorcio, según denuncia la AEAFA. A pesar de que cada cinco años se evalúa su cumplimiento, los niños siguen siendo escuchados de forma superficial y en contextos que generan más estrés que beneficios. En muchos casos, las entrevistas se realizan el mismo día y en la misma sala que las audiencias, lo que coloca a los menores en una situación de conflicto y los intimida, impidiendo que expresen libremente su opinión. Esta práctica evidencia que, en lugar de garantizar el interés superior del niño, se busca únicamente cumplir con un requisito formal.
Asimismo, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI) en 2021, que exigía la creación de juzgados de familia, España sigue sin contar con una red suficiente de estos tribunales especializados. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, a principios de 2023 solo existían 133 juzgados de primera instancia especializados en Familia en todo el país. Esta situación implica que más de la mitad de la población carece de acceso a tribunales específicos para resolver conflictos familiares.
El papel de los profesionales: ¿están preparados para escuchar a los niños?
En cuanto a cómo oír a los menores, la comunicación directa y adaptada a su comprensión es un elemento fundamental en los procesos judiciales que les afectan. Algunos profesionales como la jueza Isabel Giménez han demostrado que es posible establecer un diálogo respetuoso y transparente con los niños, explicándoles de manera sencilla las decisiones judiciales que les conciernen. Sin embargo, esta práctica, aunque altamente beneficiosa, no es generalizada. La falta de formación especializada en perspectiva de género e infancia, así como la escasez de recursos, dificultan que los operadores jurídicos puedan establecer una comunicación efectiva con los menores. Por ello es necesario avanzar hacia un modelo de justicia más cercano a las necesidades de los niños, que garantice su participación activa en los procesos que les afectan.
Por otro lado, los psicólogos forenses alertan sobre la falta de escucha profunda y especializada hacia los menores en procesos judiciales. A menudo, se limita a preguntas superficiales que no profundizan en las necesidades emocionales del niño. Esta práctica, según estos expertos, puede llevar a decisiones judiciales que no reflejan el verdadero bienestar del menor. De hecho, algunos de los jóvenes involucrados expresan sentirse presionados a tomar partido y cargan con la responsabilidad de decisiones adultas. Para garantizar una escucha efectiva, sería conveniente realizar entrevistas en un ambiente tranquilo, con profesionales especializados, y en un día distinto al juicio, evitando así situaciones de estrés para el menor. La empatía y la comprensión son fundamentales para transmitir al niño que no está solo y que la responsabilidad de la decisión final recae en los adultos.
La importancia de un enfoque centrado en el niño en los procesos de familia.
Por último, aunque la mayoría de las separaciones y divorcios se tramitan de mutuo acuerdo, los menores involucrados en procesos contenciosos suelen sufrir las consecuencias de un sistema judicial que no siempre prioriza su bienestar. La falta de recursos y de protocolos adecuados expone a los niños a situaciones estresantes y hostiles. Es urgente fortalecer los servicios de apoyo a las familias en conflicto, como los equipos psicosociales y los puntos de encuentro familiar, así como promover la figura del coordinador de parentalidad para garantizar una mejor gestión de las relaciones parentales.
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FUENTE: LA VANGUARDIA